La jurisprudencia IX-J-SS-71 de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa publicada este 26 de septiembre 2023, plantea una premisa interesante en cuanto a la legalidad y validez de las actas de visita realizadas por los verificadores de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) durante las inspecciones en estaciones de servicio. Se sostiene que el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Protocolo de Verificación de Estaciones de Servicio para la identificación de los verificadores no afecta la legalidad de las actas de visita.
Desde una perspectiva jurídica, esta interpretación provoca una reflexión en cuanto a la delicada balanza entre la eficacia administrativa y los derechos procesales de los particulares. ¿En qué medida la observancia estricta de los protocolos internos incide en la validez de los actos administrativos? Y, ¿Cómo se salvaguardan los derechos de los sujetos verificados en este contexto?
El núcleo de la jurisprudencia radica en la distinción entre los procedimientos internos de identificación y los requisitos legales federales. Si bien, el Protocolo de Verificación introduce medidas adicionales para asegurar la identificación de los verificadores, la jurisprudencia argumenta que su incumplimiento no trasciende en la legalidad de las actas, siempre y cuando se cumplan los requisitos federales. Este razonamiento, aunque fundamentado en la normativa legal, plantea cuestionamientos sobre la integralidad y la coherencia del sistema de verificación.
El incumplimiento de las medidas de identificación establecidas en el Protocolo de Verificación no trasciende en la legalidad de las actas, siempre y cuando se cumplan los requisitos federales.
La jurisprudencia, de ser interpretada de manera extensiva, podría, en teoría, abrir una puerta a la flexibilidad en la observancia de protocolos internos, lo que podría tener implicaciones significativas en la transparencia y la protección de los derechos de los administrados. Los protocolos internos, aunque no tienen la misma jerarquía que las leyes federales, son instrumentos cruciales para asegurar la consistencia, la transparencia y la eficacia en la actuación administrativa.
A nivel práctico, la pregunta emergente es si esta interpretación podría ser instrumentalizada para validar actas de visita donde los procedimientos de identificación no se hayan seguido al pie de la letra. Esto no solo tiene implicaciones en la confianza pública en los visitadores de la PROFECO, sino también en la percepción de justicia y equidad en las acciones de verificación.
Aunque la jurisprudencia no despoja de validez a la necesidad de seguir los protocolos internos, plantea la necesidad de una revisión crítica y reflexiva sobre cómo estos protocolos se integran y armonizan con las leyes federales. La claridad y la observancia estricta de ambos conjuntos de normativas no son solo una cuestión de legalidad, sino también de legitimidad y confianza en el sistema de justicia administrativa.
En última instancia, la jurisprudencia aludida invita a una reflexión más profunda sobre el papel de los protocolos internos en la construcción de un sistema jurídico-administrativo que no solo sea legalmente robusto, sino también éticamente sólido.
En atención a lo anterior, es crucial que las estaciones de servicio se encuentren debidamente informadas y preparadas para los procedimientos de visitas de verificación de la PROFECO, por lo que, deben conocer detalladamente los derechos y obligaciones durante las visitas de verificación, así como el conocimiento integro de los protocolos. Adicional, brindar capacitación constante al personal y contar siempre con el asesoramiento legal adecuado, son elementos clave para atender efectivamente las visitas de la autoridad y evitar multas, clausuras y otras sanciones que contempla la legislación.
Doctorante. Michel Wabi Dorbecker.