«La validez de los CFDI en juicios civiles requiere evidencia adicional, mientras que en el ámbito fiscal, gozan de presunción inicial de validez.»
Una factura, legalmente conocida como “Comprobante Fiscal Digital por Internet” (CFDI), es un documento oficial (fiscal) emitido por vendedores o prestadores de servicios que detalla los productos o servicios proporcionados a un cliente/proveedor así como los impuestos al consumo que se genera por dicha operación. Este documento es fundamental tanto para la contabilidad de los contribuyentes como para cumplir con las obligaciones fiscales. El CFDI, validado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), asegura la transparencia en las operaciones, permitiendo tanto a proveedores como clientes verificar y declarar sus ingresos y gastos de manera precisa y conforme a la ley.
En el ámbito comercial y fiscal, las facturas juegan un papel crucial como instrumentos de prueba. Sin embargo, el tratamiento y peso probatorio que se les otorga pueden variar significativamente dependiendo del contexto en que sean objetadas y del tipo de litigio en que se presenten.
En los juicios civiles, la regla procesal general de carga probatoria establece que cada parte debe probar los hechos que sustentan sus afirmaciones o defensas. Esto significa que el demandante tiene la responsabilidad de presentar evidencia que apoye sus reclamaciones y, de manera similar, el demandado debe proporcionar pruebas para respaldar sus argumentos de defensa. Esta regla, fundamentada en el principio de «quien afirma algo debe probarlo», busca asegurar un proceso justo y equitativo, donde las decisiones del tribunal se basen en evidencias concretas y verificables presentadas por las partes en contienda.
Al luz de lo anterior, la Jurisprudencia III.6o.C. J/2 C (11a.), sostiene que, independientemente del método de creación de una factura, cuando esta es objetada en un juicio, corresponde a cada parte probar sus afirmaciones. Este enfoque se apoya en la jurisprudencia de la Suprema Corte, que establece que las facturas por sí solas no son suficientes para probar una relación comercial tras ser objetadas.
La diversa jurisprudencia «FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS.» clarifica que la objeción de una factura en un juicio comercial desencadena la necesidad de que ambas partes proporcionen pruebas adicionales para sustentar sus reclamaciones, demostrando que la mera existencia de una factura no es suficiente para confirmar los detalles de una transacción comercial.
En el ámbito civil, la validez de una factura puede ser más fácilmente cuestionada y requerirá de corroboración mediante pruebas adicionales. La objeción a una factura en litigios civiles implica que su contenido por sí solo no establece la certeza de la transacción comercial, requiriendo que las partes proporcionen evidencia adicional que sustente la existencia y los términos de la relación comercial.
En el contexto fiscal, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet validados por el SAT, gozan de una presunción inicial de validez que respalda las transacciones comerciales y las obligaciones tributarias correspondientes. Estos documentos son cruciales para la deducción de gastos y la acreditación de ingresos, jugando un papel vital en la contabilidad de las empresas.
Es importante mencionar que la necesidad de probar lo estipulado en el concepto de una factura solo surge cuando la autoridad fiscal pone en duda su validez durante el ejercicio de sus facultades de comprobación o mediante el procedimiento establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. En tales circunstancias, el contribuyente debe estar preparado para justificar y demostrar la veracidad de las operaciones reflejadas en las facturas ante la autoridad, no ante terceros, asegurando así la legitimidad de sus efectos fiscales y la protección de sus derechos como contribuyente.
Esta distinción subraya la importancia de entender la bifurcación (división en ramas) en el valor probatorio de las facturas en diferentes contextos legales, enfatizando que mientras en lo fiscal pueden representar una verdad solo cuestionable por la autoridad exactora, en lo civil se requiere de un acervo probatorio adicional para demostrar su contenido.
La jurisprudencia en análisis es consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2029074
Doctorante Michel Wabi Dorbecker.