Desde aquel 30 de marzo de 2020, cuando el Consejo de Salubridad General, publicó en el Diario Oficial de la Federación la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, todos los organismos de impartición de justicia a nivel local y federal han emitido una cantidad alarmante de acuerdos encaminados a determinan la suspensión de sus actividades y a acotar las estrategias para su reapertura en la llamada “nueva normalidad judicial”, la cual eminentemente estará orientada a las tecnologías de información y comunicación. Ante esto, el TFJA no ha sido la excepción, ya que mediante el acuerdo G/JGA/41/2020, aprobó los lineamientos para el regreso de manera ordenada a las actividades.
Mediante el diverso acuerdo G/JGA/45/2020, publicado el día 29 de julio de 2020, se dieron a conocer las Reglas de operación y funcionamiento de la “Oficialía de Partes Común en Línea”, la cual llamaremos E-Oficialía, donde se establece que, esta es un sistema informático que opera en una plataforma tecnológica a la que se puede acceder por medios electrónicos, para realizar las actividades procesales autorizadas por el Pleno General de dicho Tribunal.
Por lo anterior, la recepción de las demandas y promociones de las partes se podrá realizar a través de este nuevo sistema informático y se llevará a cabo de conformidad con los Lineamientos técnicos y las guías audiovisuales aprobadas por la Junta de Gobierno y Administración. Una vez presentada la demanda o promoción a través de la Oficialía de Partes Común en Línea, el sistema electrónico la direccionará automáticamente y en tiempo real a la Oficialía de Partes de la Sala Regional correspondiente. Se establece también, la obligación de los Secretarios de Acuerdos encargados de la Instrucción, de conservar los registros electrónicos.
“La E-Oficialía como respuesta al Covid19”
Por último, se establece la obligación a los Secretarios de Acuerdos y los Magistrados Instructores para que estos vigilen estrictamente que se conserve la confidencialidad de la integración de los documentos electrónicos recibidos.
De ahí, la importancia de invertir en equipos tecnológicos dentro de los organismos de impartición de justicia, para hacer más eficiente su implementación y expedición.