“El Estado tiene la obligación de garantizar que la carga tributaria se distribuya de manera justa y equitativa, de manera que no se afecte el derecho a una vida digna y decorosa de las personas”
La tesis aislada XXIII.2o.2 A (11a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en relación al artículo 93, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que este no viola el principio de proporcionalidad tributaria. Esta tesis se fundamenta en el hecho de que este artículo no impide gravar los ingresos obtenidos con motivo de la separación de la relación laboral, y que se grava únicamente el excedente de noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente.
Si bien es cierto que el gravamen a los ingresos obtenidos por la separación de la relación laboral no es algo nuevo en la legislación fiscal mexicana, es importante considerar si este tipo de impuestos se adecuan a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales del contribuyente.
Por un lado, es evidente que el Estado necesita de recursos para financiar sus actividades y servicios públicos, y que el impuesto sobre la renta es una herramienta fundamental para la obtención de dichos recursos. No obstante, es necesario que la forma en la que se ejerce esta facultad impositiva esté apegada a los principios de equidad, justicia y proporcionalidad tributaria.
En este sentido, es importante mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31, fracción IV, que todas las personas tienen la obligación de contribuir al gasto público de manera proporcional, equitativa y conforme disponen las leyes. Esto implica que la carga tributaria debe distribuirse de manera justa y equitativa entre los contribuyentes, en función de su capacidad contributiva y de las necesidades del Estado.
Además, el artículo 1º de la Constitución establece el derecho a una vida digna y decorosa, lo cual implica que el Estado tiene la obligación de garantizar que el pago de los impuestos no afecten la capacidad económica de las personas para satisfacer sus necesidades básicas.
«La carga tributaria debe distribuirse de manera justa y equitativa entre los contribuyentes, en función de su capacidad contributiva y de las necesidades del Estado.»
En este contexto, es importante cuestionar si la aplicación del impuesto sobre la renta a los ingresos obtenidos con motivo de la separación de la relación laboral, en los términos establecidos por el artículo 93, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cumple con estos principios constitucionales.
Por un lado, se argumenta que el artículo mencionado no viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que sólo se grava el excedente de noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente (excedente a $18,669.60, en el año 2023). Sin embargo, esta forma de aplicación del impuesto puede tener efectos negativos en la economía de las personas que se encuentran en situaciones de menor capacidad económica o en desempleo, ya que para ellos la cantidad que se grava puede representar una proporción mayor de sus ingresos.
En conclusión, si bien la tesis aislada XXIII.2o.2 A (11a.) argumenta que el artículo 93, fracción XIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no viola el principio de proporcionalidad tributaria, es importante que se sigan evaluando las implicaciones de la aplicación de este impuesto sobre los derechos fundamentales de los contribuyentes y su capacidad económica para satisfacer sus necesidades básicas. El Estado tiene la obligación de garantizar que la carga tributaria se distribuya de manera justa y equitativa, de manera que no se afecte el derecho a una vida digna y decorosa de las personas. Por ello, es necesario que se pondere la aplicabilidad de este tipo de impuestos y se tomen en cuenta los principios constitucionales en la elaboración de las leyes fiscales.
Doctorante. Michel Wabi Dorbecker.