En el derecho administrativo, uno de los temas más relevantes para abogados y empresarios es la manera en que se pueden impugnar los actos administrativos de carácter general. La Jurisprudencia IX-P-2aS-403 emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa analiza precisamente cómo puede declararse la ilegalidad de estos actos generales cuando son utilizados como fundamento para una resolución particular.
Esta tesis aclara que un acto administrativo de carácter general puede cuestionarse en dos formas distintas en un juicio contencioso administrativo: como un acto independiente (destacado) o como parte de la fundamentación de un acto específico de aplicación. Cuando se impugna un acto de carácter general en su aplicación concreta, la intención no es lograr su nulidad total, sino más bien probar que, al ser aplicado en la resolución particular, ha generado un acto ilegal.
Cuando se impugna un acto de carácter general en su aplicación concreta, la intención no es lograr su nulidad total, sino más bien probar que, al ser aplicado en la resolución particular, ha generado un acto ilegal.
Para ilustrarlo mejor, imaginemos un caso donde una regulación administrativa general es utilizada como base para dictar una sanción particular a una empresa. Si la empresa considera que la normativa general no debería haberse aplicado en su caso y logra probarlo en juicio, el efecto que se obtiene no es la nulidad total de esa regulación, sino la declaración de ilegalidad en su aplicación particular, lo que finalmente resulta en la nulidad de la sanción específica que se le había impuesto. Es decir, la ilegalidad se proyecta hacia el acto de aplicación y afecta su validez.
Esto subraya la importancia para las empresas de comprender cómo las normativas generales pueden impactar directamente sus operaciones cuando se aplican a casos concretos. No se trata simplemente de la validez de la normativa en abstracto, sino de cómo, al ser utilizada para fundamentar una acción, puede llegar a ser inapropiada, generando efectos negativos que podrían ser combatidos en tribunales.
Conocer la naturaleza y el alcance de los actos administrativos generales y la forma en que pueden ser impugnados es esencial para cualquier empresa que se enfrente a la aplicación de una norma en situaciones específicas. La asesoría adecuada para identificar si un acto de fundamentación es correcto o si existen elementos para cuestionarlo puede ser clave para proteger los intereses de la empresa frente a resoluciones adversas.
Dada la complejidad y el impacto que puede tener la fundamentación en un acto administrativo, siempre es aconsejable estar asesorados por profesionales especializados en derecho administrativo, especialmente cuando la empresa se enfrenta a resoluciones específicas que aplican normativas de carácter general. Este tipo de asesoría permite explorar vías legales para anular actos incorrectos y proteger los derechos de la empresa frente a actuaciones de la autoridad.
La Jurisprudencia es consultable en: https://www.tfja.gob.mx/cesmdfa/sctj/tesis-pdf-detalle/47569/
Doctorante Michel Wabi Dorbecker.
“Los impuestos son los nervios del Estado” (Cicerón) y en este blog, el objetivo es mantenernos informados, para mantener al Estado nervioso.